La Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Investigaciones 1, profirió fallo con responsabilidad fiscal por $4.636 millones de pesos, a título de culpa grave, contra la empresa Unión de Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá -Urapalma- S.A. (en liquidación), por detrimento patrimonial causado al Banco Agrario de Colombia. 

Los hechos se remontan a 2001, cuando esta entidad bancaria le otorgó a Urapalma dos créditos respaldados por garantías hipotecarias que no se pudieron hacer efectivas en su momento, por resultar sobre predios cuyos supuestos dueños, socios de dicha empresa, perdieron la titularidad por incurrir en múltiples irregularidades administrativas y penales. 

Esos socios de Urupalma, que eran a su vez integrantes de su junta directiva, fueron condenados por la comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, desplazamiento forzado e invasión de tierras, probándoseles -así mismo- nexos con grupos paramilitares. 

De acuerdo con varias sentencias judiciales, los predios que respaldaban los créditos otorgados por el Banco Agrario fueron despojados ilegalmente a comunidades nativas del municipio de Riosucio (Chocó), de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, desplazadas primero por grupos paramilitares. 

Los créditos solicitados por Urapalma tenían por objeto la siembra y sostenimiento de 750 hectáreas de palma de aceite en predios de la vereda Caño Claro. 

Para acceder a dichos recursos, obtenidos mediante una línea especial de crédito de fomento, Urapalma presentó como socio estratégico a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite en el Urabá. 

Los créditos del Banco Agrario fueron respaldados, además de hipotecas abiertas de primer grado sobre varios predios, con la constitución de garantías FAG (Fondo Agropecuario de Garantías), que amparaban el 80% de los préstamos. 

No procedió pago de garantías 

En total, se le desembolsaron a Urapalma $ 4.770.976.220.  Habiéndose efectuado los desembolsos y en plena ejecución el proyecto, la Defensoría del Pueblo expidió la Resolución Defensorial N° 39 del 2 de junio de 2005, en la que solicitó a las entidades financieras abstenerse de otorgar créditos para el desarrollo de proyectos agropecuarios en algunas zonas del Departamento del Chocó y, en consecuencia, el Banco Agrario se abstuvo de seguir efectuando desembolsos por los créditos otorgados a Urapalma, empresa que dejó de pagar dicho crédito. 

Luego, en visitas a los cultivos de palma africana financiados el 28 de noviembre de 2007 y el 7 de febrero de 2008 el Banco constató las dificultades por las que atravesaba el proyecto. 

Y el 22 de diciembre del 2011, frente al requerimiento realizado por el Banco Agrario para hacer efectivos los amparos de los créditos entregados, en el caso de las garantías FAG, el Secretario General de Finagro informó que no procedía el pago porque perdieron su validez, debido a la inexistencia de un proyecto productivo técnica, financiera y ambientalmente viable al momento de concederle el crédito, por suministro de información inexacta y por existir irregularidades de carácter penal relacionadas con la tenencia de la tierra. 

En cuanto a las garantías hipotecarias, las medidas de embargo solicitadas para satisfacer el pago de las obligaciones, no fueron inscritas debido a que varios de los predios tenían el folio de matrícula correspondiente cerrado por orden de la Fiscalía General de la Nación, por conductas relacionadas con desplazamiento forzado, paramilitarismo y falsedades registrales. 

Tal situación hizo que no se pudiera hacer efectiva la garantía ofrecida, perdiéndose los recursos públicos. 

Con información de la Contraloría